Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya
Berenguer III,74 93.593.15.41
31 de octubre de 2011
EXMO. SR. RAMÓN JÁUREGUI
Ministro de la Presidencia
28071 - M A D R I D
Señor,
Mediante la presente me permito contestar su escrito de fecha 3 de los corrientes, en nombre propio y de la Asociación que represento, agradeciéndole a su vez la atención en contestar nuestros anteriores escritos.
Es muy amable en informarnos del desarrollo habido a resultas de la aplicación de la Ley 52/2007, y se remite a los hechos, para justificar la buena actitud del Gobierno y de su grupo parlamentario, que no se corresponde en absoluto con la realidad.
Me informa como algo excepcional, de los 855 casos resueltos con la concesión del título de reparación y reconocimiento personal por padecer persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, es un número tan insignificante a tenor de los miles y miles de juicios celebrados por aquellos tribunales militares ilegales. La negativa a solicitar el título, demuestra que los familiares no queremos un certificado de buena conducta, lo que venimos reclamando es la anulación de pleno derecho por ley de los juicios ilegales. ¿Esto no es una falta de sensibilidad y credibilidad hacia las víctimas del franquismo por parte del Gobierno socialista? ¿No se ha preguntado del por qué del rechazo que hay por parte de los familiares en no querer solicitar el título?
En cuanto a las exhumaciones, el número de 5000, es muy inferior comparándolo con los miles de cuerpos humanos que están enterrados en fosas desconocidas, tirados como animales, debido a la lentitud con que se están llevando, por culpa de las dificultades que ponen las diferentes administraciones que intervienen para lograr la apertura y su financiación, a pesar de haber elaborado el Mapa íntegro de Fosas y se haya publicado en el BOE el Protocolo de Exhumación de Fosas.
Se ha creado el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, pero no nos dice cuando devolverán el resto de los documentos que fueron confiscados durante la dictadura a la Generalidad de Catalunya, a diferentes instituciones y organizaciones y a particulares, a pesar de haber una ley aprobada por las Cortes Generales, que obliga al Gobierno a devolverlos, en este caso es el propio Estado el que da una mala imagen al infringir la ley. ¿Qué motivos hay que justifiquen esta demora en devolverlos?
No llegamos a comprender las razones por las que la Ley establece una indemnización totalmente discriminatoria para los familiares de las personas que fueron asesinadas entre el año 1939 hasta el 1967 o a partir de Enero de 1968 hasta el 6 de octubre de 1977, el importe a percibir y los familiares que tienen el derecho no son iguales. ¿Por qué la Ley hace esta diferenciación? ¿Cuáles fueron las circunstancias excepcionales que motivaron hacer esta discriminación? ¿No es injusto e inmoral por parte de un Gobierno supuestamente de izquierdas y democrático?
Los familiares de las víctimas españolas que fallecieron en los campos de concentración alemanes o en los campos de trabajo franceses, han sido respetadas e indemnizadas por los respectivos gobiernos de Alemania y Francia, sin ninguna clase de discriminación por las de fechas de su asesinato, en cambio, España incomprensiblemente no ha tenido la misma sensibilidad, suponemos que las razones son simplemente por falta de ética-política de nuestros gobernantes.
En relación con el Valle de los Caídos, me dice que le otorgue un margen de confianza a los trabajos que está efectuando la Comisión de Expertos. ¿Que margen de tiempo es necesario para dar una solución, pues, han transcurrido cuatro años desde la aprobación de la Ley?
Estamos plenamente convencidos de que sí han rehuido a resolverlo, han estado demorándolo, teniendo en cuenta las encuestas en vistas a las próximas elecciones, y es de suponer que no tendrán tiempo para encontrar la solución, lo cual es indigno de un país que reclama democracia para otros países del mundo con regímenes totalitarios, incluso apoyándolos con las armas, y para España y sus ciudadanos represaliados, como si nada hubiese pasado. ¿No le parece que es una falta de respeto hacia las víctimas?
Para los familiares hubiera sido mucho mejor, que no se hubiese aprobado la Ley de la Memoria Histórica, al menos continuaríamos teniendo la esperanza de que algún día tendríamos un Gobierno fuerte, sin complejos y con la valentía política suficiente para resolver el problema que se nos ha negado con la vigente y descafeinada Ley.
Tenemos la sensación de que tienen un complejo de inferioridad política frente a los herederos del franquismo y de los jerarcas de la Iglesia Católica española, que con su presidente el cardenal – arzobispo Rouco Varela, no cesa en desafiar a la actual democracia, a pesar de haber sido la principal responsable de los crímenes cometidos durante la dictadura, por su radicalismo y fanatismo en dominar al pueblo.
De todas maneras la Iglesia después de más de treinta y cinco años de la muerte del criminal de guerra el general Franco, su conducta es semejante a las directrices del actual Gobierno socialista, ella no pide perdón como responsable de los crímenes que se cometieron con su bendición y el Gobierno niega la rehabilitación jurídica, a pesar de no ser el responsable.
Si el grupo socialista gobernando dos legislaturas no ha tenido el tiempo suficiente para solucionarlo. ¿Quién lo hará, el grupo del Partido Popular? ¿Por favor donde está el sentido de la dignidad socialista?
Después me dice que no es justo acusar al Gobierno de falta de sensibilidad y credibilidad, es que peor no se podía hacer y me remito a los hechos.
Todavía no puedo comprender el porque de la estúpida e infantil Disposición Adicional Sexta. ¿Realmente cree que se ha cumplido? ¿Era necesario que a los frailes que administran el Valle de los Caídos, se les pidiese por ley que rezaran por todas las personas muertas a consecuencia de la Guerra Civil y de la represión política que la siguió? No me negará que esta Disposición es una burla y un escarnio más que se ha cometido a las víctimas y sus familias.
Por nuestra parte siempre lo hemos rechazado, nunca se nos ocurriría pedir a la Iglesia que rezase para nuestros muertos, cuando ella fue la principal culpable de los asesinatos habidos y que su soberbia y orgullo le impide pedir perdón por aquellos crímenes.
Planteé como tema principal la anulación de pleno derecho de las sentencias dictadas por aquellos tribunales militares ilegales, y me dice que es un tema debatido no sólo políticamente sino jurídicamente. ¿Cómo se han llevado a cabo estos debates?
Conozco la Resolución de la Fiscalía General del Estado de 5 de abril de 2010, la he leído una infinidad de veces, además, la he podido comentar con fiscales, magistrados, jueces y abogados penalistas, y todos coinciden en que es una falacia jurídica.
La prueba la tenemos con la providencia del Tribunal Militar Tercero de Barcelona, que no admite las solicitudes de nulidad de pleno de derecho de las sentencias dictadas por aquellos tribunales militares ilegales, pero desde el Gobierno y su grupo parlamentario continuáis afirmando de que si lo son de acuerdo con la Ley 52/200, de ser así, los Tribunales Militares deberían de certificar la nulidad de las sentencias, la cual cosa es rechazada por ellos afirmando que son firmes. Solamente nos informan de que podemos solicitar la vergonzosa Declaración de reconocimiento ante el Ministerio de Justicia. ¿Si son nulos de pleno derecho de acuerdo con la Ley, por qué los Tribunales Militares se niegan a certificarlo?
Acompaña en su escrito un borrador de la declaración que expide el Ministerio de Justicia, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 52/2007, pero quiero recordarle de que este artículo nos dice además en su punto quinto, que esta Declaración no constituye título de reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿De que nos sirve la Declaración de reparación y reconocimiento personal, si las sentencias continúan vigentes por ser firmes, puesto que no ha habido ninguna sentencia del Tribual Supremo, ni ninguna Ley que las anule de pleno derecho, teniendo en cuenta la providencia del Tribunal Militar Tercero de Barcelona?
Cuanto más quiero razonar el comportamiento del Gobierno socialista, no me es posible lograrlo, ya fueron muy condescendientes con los franquitas, cuando negociaron la transición, aprobando la Ley de Amnistía de 1977, conocida también por la Ley de la Impunidad, con los votos de todos los grupos parlamentarios, que los exoneraba de toda responsabilidad por los delitos en que pudieron incurrir durante la criminal dictadura y en cambio a sus víctimas les niegan el derecho a ser rehabilitadas jurídicamente, ¿Donde está la justicia española y el espíritu de concordia de la transición?
Recuerdo una frase histórica del ministro franquista Martín Villa, durante las negociaciones a la transición, de que “si no hay Ley de Amnistía no hay transición a la democracia”, y todos a firmar los históricos y ejemplares pactos.
La derecha española siempre ha demostrado ser más astuta que la izquierda, posiblemente por estar más acostumbrada a gobernar.
Por cierto el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recomendado en diferentes ocasiones al Gobierno Español, para que derogue la Ley de Amnistía de 1977, conocida también por la Ley de la Impunidad, por las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura, ya que está en contradicción con la Convención de los Derechos Políticos y Civiles de 1966, que fue ratificada por España el 27 de julio de 1977, unos meses antes de la aprobación de la citada Ley.
La respuesta del Gobierno Español a través de su embajador en la Naciones Unidas, que actuó con una contundencia poco habitual en diplomacia, respondió de que nunca sería derogada, ya que fue uno de los pilares del proceso democratizador y que respaldó la transición pacífica de España. POLÍTICAMENTE VERGONZOSO Y HUMANAMENTE VEJATORIO PARA LOS REPRESALIADOS”
La Federación Internacional de los Derechos Humanos, con sede en París, el 24 de noviembre de 2008, después de ser aprobada la Ley de la Memoria Histórica, solicitó del Presidente del Gobierno que impulsara la abolición de la Ley de Amnistía de 1977 y la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, para que se cumplieran las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en caso contrario España queda en la vía de una clara violación de sus obligaciones internacionales.
Amnistía Internacional, ha hecho público un manifiesto en que dice: “España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral”
Pero el Gobierno socialista y todo su grupo parlamentario, no se dan por enterados y continúan ignorando todas las recomendaciones internacionales, demostrando una vez más su incomprensible sensibilidad y espíritu de concordia hacia las víctimas del franquismo.
Quiero recordarle que el Grupo Parlamentario Socialista, el día 8 de septiembre de 2003, estando en la oposición, por mediación de su diputado Jesús Caldera y más tarde ministro de Trabajo en la primera legislatura del actual Gobierno, presentó una proposición no de ley, relativa a la anulación de los juicios sumarísimos militares habidos durante la dictadura franquista, siendo discutida en las Cortes Generales el día 10 de septiembre de 2003 y rechazada por 154 votos en contra, 134 a favor y 2 abstenciones.
Es muy curioso el hecho de que estando en la oposición reclaman la anulación y cuando están en el Gobierno presentan un proyecto de ley descafeinado y que es aprobado por las Cortes, negando la anulación de pleno derecho los juicios militares ilegales. Por lo que parece las cosas se ven distintas según donde se está situado en cada momento. ¿Esto no es una falta de responsabilidad política?
Nos sentimos decepcionados de V. E. personalmente y como político, que fue uno de los principales responsables de la redacción de la Ley 52/2007, como miembro de la Comisión Constitucional de las Cortes Españolas, pues, teníamos referencias de que era una persona dialogante y con mucha personalidad, le habíamos depositado nuestras esperanzas, pero no sucedió así, a pesar de las promesas del Presidente y de la Vicepresidenta del Gobierno, en ninguno de los artículos de la Ley se afirma que, las sentencias dictadas por aquellos tribunales militares ilegales, son nulas de pleno derecho.
En el preámbulo de la Ley 52/2007, reconoce expresamente que pese al esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuestas a las demandas de los ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito parlamentario como por distintas asociaciones cívicas. Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y en el marco de la Constitución, no puede dejar de atender. ¿Cuando se cumplirán las iniciativas que reclaman las familias de los represaliados por el franquismo y que la Ley reconoce que quedaron pendientes de resolver?
También se nos dice el preámbulo de la ley de que como ciudadanos españoles, tenemos el derecho a presentar un recurso de revisión contra las sentencias dictadas por aquellos criminales tribunales militares, la cual cosa no es cierta, pues, el Fiscal General del Estado y el Tribunal Supremo no los admite, alegando la historia de siempre de que la Ley 52/2007 los anula de pleno derecho, cuando solamente los declara ilegítimos por injustos, ni siquiera llega a declararlos ilegales. (Casos Lluís Companys y Miguel Hernández).
Me permito acompañar a la presente una copia del “Voto Particular discrepante formulado por D. Javier Julián Hernán magistrado del Tribunal Supremo, al Auto dictado con fecha 21 de febrero de 2011 rechazando el recurso de revisión de la sentencia condenatoria de Miguel Hernández”- En el que se dice: “Aunque la Ley de la Memoria Histórica, respecto de las sentencias y condenas, cuya injusticia e ilegitimidad proclama, habilite al Ministerio de Justicia para expedir la expresada Declaración de reparación y reconocimiento, que…………, tal no alcanza a declarar la nulidad judicial de las resoluciones que las contemplaron y que ha de poderse obtener a través de los procedimientos que las leyes prevean, como resulta la propia ley al señalar, su plena compatibilidad con el ejercicio de cualesquiera acciones ante los tribunales de justicia. La declaración general de injusticia e ilegitimidad de las condenas a las que se refiere la Ley de la Memoria Histórica en su artículo 3, no conlleva su nulidad radical y menos aun, como bien conoce el Auto de la Sala del que discrepamos………………………………
En esta situación legal, denegar la interposición del recurso de revisión, impide el acceso a la jurisdicción y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la Constitución, no ofreciendo realmente al interesado una respuesta congruente con su petición de autorización de la interposición del recurso y anulación de la sentencia, sin que exista causa legal válida y suficiente que así lo impida”.
Las razones por las que no se admitió a trámite el recurso de revisión presentado ante el Tribunal Supremo, fueron simplemente políticas no jurídicas. VERGONZOSO.
Diferentes grupos parlamentarios han presentado propuestas de ley o no de ley, para que fuese modificada la Ley 52/2007, que explicitara expresamente de que las sentencias son nulas de pleno derecho, pero todas han sido rechazadas por el rodillo del grupo socialista sin escrúpulos de ninguna clase, cuando vi la intervención del diputado socialista catalán Daniel Fernández González, en diferentes ocasiones, defendiendo la posición del Gobierno y su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, sentí pena al comprobar personalmente la indiferencia y la falta de sensibilidad como trataba el tema un representante de la supuesta izquierda, increíble señor Ministro, han hecho un trabajo extraordinario, mejor no lo podían hacer los diputados del grupo popular.
En su escrito me dice que el efecto rehabilitador “se ha producido, en este caso, por aplicación directa de la ley”. La nulidad de las sentencias, su expulsión definitiva del ordenamiento jurídico, es un efecto producido directamente por la declaración de ilegitimidad (de tribunales y resoluciones) proclamada en el artículo 3 de la Ley 52/2007, en conexión con el reconocimiento general de injusticia que consagra su artículo 2.
La ley en su artículo 2, simplemente hace un reconocimiento general, como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación a la memoria personal y familiar, declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia, pero no nos dice que sean nulas de pleno derecho. Y el artículo 3, declara solamente la ilegitimidad de los tribunales y de las condenas y sanciones por injustas, pero tampoco dice que quedan nulas de pleno derecho por ilegales.
En la Ley de la Memoria Histórica, hay una disposición derogatoria que declara expresamente derogadas las leyes franquitas, que por vergüenza de los españoles, según los redactores de la Ley, todavía estaban vigentes en el año 2007. Entendemos jurídicamente que cuando una ley queda derogada, su efectividad es a partir del momento de su aprobación y publicación en el BOE, pero nunca tiene efectos retrospectivos.
Nos sentimos traicionados por el grupo socialista, nos habéis engañado, incumpliendo todas las promesas públicas, pero la historia os juzgará por vuestra cobardía política y falta de sensibilidad hacia las familias represaliadas, en no querer cerrar las heridas de un pasado no muy lejano y que cada día que pasa son más profundas.
Por dignidad no puedo solicitar la Declaración de reparación moral que contempla la Ley y que me aconseja, mediante la cual la Democracia española honra a quienes injustamente padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, no queremos una reparación moral, queremos una reparación jurídica, de aceptarlo, sería ir contra mis principios y sentimientos personales y por respeto a mi padre, que fue ajusticiado por defender la legalidad constitucional de la República, por unos tribunales militares ilegales, sin el derecho internacional a poderse defender de las acusaciones que le imputaron y que en plena democracia se le niega su rehabilitación jurídica, al igual que a miles de hombres y mujeres que se les arrebató la vida.
Nuestras madres que padecieron todas las humillaciones y persecuciones del franquismo, no han podido ver la rehabilitación jurídica de sus seres queridos, gracias a la actitud política negativa del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL y los hijos empezamos a ser mayores y si las cosas continúan igual posiblemente tampoco lo veremos.
Atentamente.
Pere Fortuny i Velázquez
President
Distinció Cívica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès 2006
Premi Comissió de la Dignitat 2006
Creu de Sant Jordi 2008 de la Generalitat de Catalunya
